09 de diciembre de 2016

Agroquímicos: duro informe ante la ONU por inacción del Estado

Aseguran que el gobierno nacional argentino abandonó a la sociedad civil en la prevención de impactos negativos por el uso de químicos.

Decenas de organizaciones ambientalistas argentinas presentaron ante Naciones Unidas un informe en el que se denuncia el estado de abandono de la sociedad civil frente a las aplicaciones de agroquímicos como causa de la total inacción del Estado para controlar, regular y prevenir daños por las fumigaciones.El documento, llamado “Agrotóxicos: evaluación de riesgos, salud y alimentos en Argentina” fue elaborado por 38 ONG locales y presentado esta semana ante los relatores especiales del Derecho a la Alimentación y Derechos Humanos, y Sustancias y Desechos Peligrosos de la ONU, un órgano internacional que sigue de cerca las situaciones de riesgo ambiental derivados de malas prácticas agrícolas en el mundo. En el documento de 88 páginas se denuncia que la situación argentina respecto al uso de agrotóxicos y a la presencia de organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura y en el proceso productivo de alimentos “es grave y requiere que el Estado adopte medidas urgentes para garantizar los derechos humanos a la salud, al agua potable, a la alimentación adecuada y al ambiente sano”. “En el país no hay una ley que regule el proceso de registros, autorización y usos de los agrotóxicos. Tampoco hay una ley sobre bioseguridad y OGM”, argumentaron los ambientalistas, que puntualizaron que la situación actual “refiere a la exposición directa de la población a las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de las viviendas y escuelas rurales y a la exposición indirecta de toda la población a través del consumo de alimentos con residuos de agrotóxicos y derivados de OGM”. Ante esta situación, consolidada durante los últimos 20 años por el avance de los agronegocios y el boom de los precios de los commodities, el Estado aparece como un ente ausente que se deslinda de sus responsabilidades o que, incluso, actúa en complicidad con las grandes empresas del sector. “Las autoridades en todos sus niveles omiten de modo deliberado implementar una política sanitaria adecuada que implique la atención y vigilancia de la salud para analizar y evaluar la relación entre agroquímicos y determinadas enfermedades”, alertaron. Efectos nocivos Además denunciaron que tampoco se atienden las externalidades del modelo productivo, que van desde “la afectación evidente a la biodiversidad a la supresión de los servicios ambientales del agua y suelo, la evanescencia de la diversidad agrícola, deforestación, avance de la frontera agropecuaria, despojo de tierras a movimientos campesinos y pueblos originarios y un aumento visible de enfermedades crónicas y de las tasas de malformaciones congénitas, enfermedades neurológicas, oncológicas y hematológicas todas ellas en relación directa y proporcional con el incremento del uso de agrotóxicos y OGM en la Argentina en los últimas dos décadas”. También piden que informen al Consejo de Derechos Humanos que en Argentina “se vulnera el derecho humano a la alimentación adecuada, a la información, a la salud, al acceso al agua potable y al ambiente sano al permitirse el uso de paquetes tecnológicos que asocian semillas modificadas genéticamente con la aplicación de millones de litros de agrotóxicos cuyas cantidades van subiendo año tras año”. Los ambientalistas recuerdan que aún en el caso de que existan dudas respecto al nexo de causalidad entre fumigaciones y enfermedades existe el principio jurídico de la precaución que obliga a que los Estados “adopten medidas urgentes para despejarla”. El documento afirma que los agrotóxicos “no son fitosanitarios, son biocidas y el modelo del agronegocio es genocida: enferma y mata, y debe encuadrarse en la figura de ecocidio dado que afecta a toda la naturaleza”.

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